Asimismo en los contratos de obra con las Administraciones Públicas, las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas y durante dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor dela citada Ley (7 de julio de 2010), podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas un plazo máximo de pagos de 90 días a partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.
Sin que puedan existir, según la disposición transitoria tercera, pactos entre las partes por encima de dichos plazos y fechas.